REFORMA MUNICIPAL: otra "reformita" del Gobierno

Alejandro Lipschutz

Mucho se ha hablado de Reforma Municipal, pero poco se ha hecho en términos concretos. Hoy se encuentra en tramitación con suma urgencia una propuesta del gobierno que apunta a mejorar la gestión del municipio, que se denomina “proyecto de ley que perfecciona el rol de fiscalización del Concejo; fortalece la transparencia y probidad en la municipalidades; crea cargos y modifica normas sobre personal y finanzas municipales”, el que fue ingresado al parlamento en enero de 2012.

Desde el término de la dictadura, la institucionalidad municipal no ha tenido cambios de fondo, salvo aquellos puntos importantes, pero insuficientes y básicos para un sistema democrático, que apuntaron a la elección popular de las autoridades locales a comienzos de los 90 y, posteriormente, a la separación de la elección de alcaldes y concejales, que se hizo efectiva a partir de 1998. En tanto, en los últimos 20 años solo se han aprobado dos leyes que apuntan hacia un proceso de cambio en las bases generales de la administración del Estado, que son la Ley de probidad, publicidad y transparencia, y la Ley sobre Acceso a la Información Pública aprobada en el año 2008; pero que en ningún caso representan leyes que avancen hacia una Reforma en el espacio municipal.

La actual propuesta de Reforma modifica el artículo 121 de la Constitución, y apunta a una modernización del aparato municipal más que a una reforma real del mismo. Esta modificación moderniza y crea una alta dirección pública municipal y propone el aumento en la contratación de más profesionales, pero siempre desde la perspectiva de la gestión, sin considerar una real construcción de gobierno local, que permita una mayor y real fiscalización de concejales y la participación de todos los actores comunales en el devenir de la comuna. Es decir, tiene una limitante desde una perspectiva democratizadora.

Este proyecto de ley se presenta como un popurrí de medidas que, desde nuestra perspectiva, legitima con mayor fuerza el modelo de gestión municipal como un espacio de administración. Por un lado, si bien se entregan mayores roles de fiscalización a concejales, son sumamente insuficientes para terminar con la profunda alcaldización que existe en el actual modelo municipal, heredado de la dictadura. De la misma forma, en lo referido a la participación ciudadana solo se limita a ser escuchada en Concejo, si es acompañada por el 1% de firmas del padrón electoral de la comuna. Esto no avanza hacia la democratización comunal, más bien, mantiene el sistema consultivo sin entregar mayor poder de decisión en la ciudadanía.

Este proyecto además legitima y refuerza la gestión municipal en salud y educación, negando de paso la posibilidad de desmunicipalizar la educación, una de las demandas más sentidas por la ciudadanía en los últimos años; y además, ocultando una realidad en donde el financiamiento municipal no alcanza para suplir una salud y educación de calidad, que garantice el bienestar de la población. En este sentido, no apunta a superar la brecha entre municipios ricos y pobres, no aportando así a una institucionalidad que considere la desigualdad como piedra angular de las políticas públicas y las reformas institucionales pertinentes para aportar a dicha tarea país.

Otro punto relevante es el mecanismo de contratación de profesionales para modernizar la gestión municipal. Se propone aumentar el número de contratas profesionales flexibilizando la relación laboral, sin garantizar la estabilidad ni la carrera funcionaria. En efecto, la propuesta no cuenta con el apoyo de los trabajadores municipales, pues no aborda el tema de la ampliación y mejoramiento de la carrera funcionaria.

También aborda los temas de capacitación, ante lo cual muestra un profundo carácter centralista, dejando dicha responsabilidad en manos de la SUBDERE, dependiendo finalmente la administración de la capacitación municipal del gobierno central, en desmedro de las capacidades locales instaladas, que pueden responder de mejor forma a contextos de mayor particularidad en lo cultural, social y territorial.

Podemos llamarlo una reforma a medias o, como ha sido la lógica de este gobierno, una “reformita”, que busca parches para un sistema e institucionalidad local que ya se encuentra agotada, tanto en los mecanismos de toma de decisión, financiamiento y participación.

El país requiere una verdadera Reforma, que desde nuestra perspectiva debe asumir un carácter refundacional de la institucionalidad local. Una Refundación de los municipios debe contener como un elemento central la democratización de la toma de decisiones y de la participación a nivel local, fortaleciendo, por ejemplo, el rol de los COSOC; pero es necesario profundizar más. La Ley 20.500 si bien es un aporte en la participación ciudadana no transforma la lógica de participación dominante. Así, es importante avanzar hacia una participación vinculante en donde se puedan fortalecer los espacios de participación sustantiva entre los sujetos y las instituciones locales. Además, una Reforma Municipal debe abrir paso hacia una descentralización real tanto en transferencia de recursos, como en atribuciones que potencien el desarrollo económico y productivo local, que permita cubrir las necesidades de la comuna, transformando al municipio en un actor del desarrollo desde lo local. Por otro lado, se requiere fomentar la transparencia y fiscalización, aumentando el rol de los concejales como los principales fiscalizadores de la gestión municipal y, además, siendo actores principales en el avance hacia un gobierno local con participación vinculante y autonomía en la toma de decisiones y en el financiamiento municipal.

Es importante una mayor prolijidad en el lenguaje: esto no es una Reforma Municipal, sino más bien una Reformita, que busca mantener el modelo de administración actual que ha demostrado su fracaso y limitantes después de 37 años de implementación. Su aprobación solo genera un nuevo anclaje, bajo el rótulo modernizador, para la mantención del municipio como espacio de administración y gestión ad hoc al modelo neoliberal, donde la ciudadanía y los actores locales se integran como consumidores (clientes de beneficios sociales) y no como sujetos que construyen sus realidades. Donde las autoridades locales solo gestionan el municipio, pero no tienen las condiciones institucionales para aportar al desarrollo local y territorial.

Fuente: ICAL